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Boletín de prensa 18 de agosto de 2011
EL TIEMPO
'SI JUSTICIA Y PAZ FRACASA, CPI PODRÍA INTERVENIR': FISCAL ESPAÑOLA
Diálogo con fiscal de la Audiencia Nacional que llevó a ordenar la captura de Gadafi.
De visita en Colombia, Dolores Delgado, fiscal de la Audiencia Nacional española, habló con EL TIEMPO sobre su interés por las víctimas en Colombia, sobre la posibilidad de que la Corte Penal Internacional llegara a intervenir en el país y sobre su participación en el Caso Libia, que llevó a las órdenes de captura de Muamar Gadafi, su hijo y su cuñado, bajo la acusación de crímenes de lesa humanidad.
A los ojos de la CPI, ¿cuál es el momento histórico que vive Colombia?
La situación es muy compleja. El trabajo que se está desarrollando es importante, pero nos hallamos en un momento crucial para que cristalicen en forma urgente las investigaciones respecto de los actores armados, que tienen carácter de crímenes internacionales y podrían ser competencia de la CPI.
¿Podrían los inconvenientes que afronta el proceso de justicia y paz desembocar en la intervención de la CPI en Colombia?
Colombia ha ratificado el Estatuto de Roma y por ello rige, respecto de los crímenes cometidos en su territorio y que puedan ser competencia de la Corte, el principio de complementariedad, por lo que depende de la justicia y de las instituciones colombianas que esa intervención no tenga lugar. Si cada uno cumple con su rol y la justicia se aplica obteniendo sentencias y resarciendo a las víctimas, no tiene por qué producirse una intervención foránea. Si el proceso se anquilosa, esa circunstancia podría llegar a producirse.
¿La presencia del juez Baltasar Garzón en el país puede significar que hay ojos de la CPI puestos en Colombia?
El Fiscal de la Corte anunció en el 2007 que se iniciaban unas diligencias preliminares, en las que se ha estado haciendo seguimiento a los procesos relacionados con los temas que son competencia de la Corte y que en algún momento se concluirán.
El juez Garzón, por su parte, está trabajando en la Mapp-OEA como consultor y desarrolla su trabajo en esta área, con el fin de aportar su experiencia internacional para que la situación avance y así hacer realidad el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas. Me consta que está coordinando un trabajo en la Mapp-OEA, en el que participan diversas instituciones, relacionado con el diagnóstico del proceso de justicia y paz y cuyos resultados pueden contribuir favorablemente a ese fin.
¿Tiene algún interés particular en escuchar a las víctimas del conflicto colombiano?
En mi caso, desde que asumí la acusación por crímenes de lesa humanidad de la dictadura argentina, en los llamados Juicios de Madrid, me motivé en forma especial y asumí un compromiso por que se investigue este tipo de crímenes y se dé protección real a las víctimas.
Colombia, como ningún otro país del entorno, sufre un proceso de violencia que dura décadas y que de forma injusta agrede a ciudadanos inocentes. Esta agresión no es solo particular, sino que afecta a toda la comunidad internacional, dado el carácter universal de las víctimas de los crímenes de genocidio y lesa humanidad. Solo por esto estaría justificado mi interés, pero, además, desde hace tiempo tengo una vinculación con la defensa de los derechos de las comunidades indígenas de este país. He tenido ocasión de conocer el proyecto de atención a víctimas de la Alcaldía de Bogotá y me parece una muy buena fórmula para concienciar a la gente sobre el fenómeno de la violencia y ayudar a quienes lo padecen.
¿Qué significa, para los procesos en otros países por 'farcpolítica', que la Corte en Colombia haya dejado sin validez las pruebas del PC de 'Raúl Reyes'?
Por mi condición de fiscal en activo en España no puedo profundizar en la materia.
Como fiscal experta en terrorismo, ¿cómo ve el futuro de las Farc?
En ningún país democrático del mundo tiene justificación la violencia por motivos políticos. Además de ser una acción delictiva que causa grave daño a los ciudadanos, no puede determinar la agenda de ningún gobierno ni decidir sobre el futuro de los pueblos.
Todo lo que se reivindica por la fuerza carece de legitimación democrática y atenta contra los más esenciales principios de la humanidad; por tanto, el rechazo de la violencia y de los grupos que la practican debe ser total y definitivo y su única solución es abandonar la senda de la violencia.
¿Cómo fue hacer una investigación de escasos tres meses en el Caso Libia?
Para cualquier jurista, máxime siendo fiscal, ha sido una experiencia única. En España asumo investigaciones sobre terrorismo nacional e internacional y el trabajo en La Haya no ha estado lejos de esa mecánica de investigación. Sin embargo, investigar en el marco del Estatuto de Roma, con un conjunto de juristas e investigadores de múltiples países en forma coordinada, bajo la dirección del Fiscal Luis Moreno Ocampo, ha sido un verdadero reto para mí. La novedad del Caso Libia ha estado determinada por la decisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que esta vez tomó cartas en el asunto en tiempo récord y casi preventivamente decidió, por unanimidad, que la Fiscalía de la CPI iniciara su trabajo.
Fue una investigación en tiempo real, en medio del conflicto. ¿Qué dificultades se afrontaron?
La investigación en sí era difícil, mucho más si a ello se añade que la situación de violencia generalizada en Libia impedía el desarrollo normal de la misma. En cuanto a la dificultad técnica, puede decirse que fue alta por la propia naturaleza de los crímenes cometidos y porque la Fiscalía no dispone de policía judicial propia, como sí ocurre en las jurisdicciones nacionales. Se dispone de un equipo de investigadores y analistas que desarrollan su trabajo en los respectivos ámbitos desde cualquier parte del mundo donde se encuentre la fuente de prueba. De este modo, se llevaron a cabo más de 23 misiones internacionales en 11 países, con lo que se consiguió que la investigación se implementara en un tiempo récord. El resultado fue que la Fiscalía pudo elaborar una petición de orden de arresto contundente, que fue atendida por la Corte.
¿Qué sigue en el Caso Libia?
La Fiscalía solicitó el 16 de mayo del 2011 la detención de Muamar El Gadafi, su hijo Saif Al Islam y el jefe de los Servicios de Inteligencia Militar, Al Sanoussi. La Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI, el día 27 de junio, ordenó el arresto de esas tres personas. Por su parte la Fiscalía libró las órdenes de búsqueda y captura, que deben ser cumplidas por cualquier autoridad del mundo. A partir de ese momento, Gadafi y los demás son prófugos de la justicia a quienes se imputan crímenes de lesa humanidad, en sus modalidades de asesinatos y persecución. Por supuesto, la investigación continúa.
MININTERIOR PIDE PONERLE LÍMITES A NORMAS QUE PERMITEN EXCARCELACIÓN
Dijo que nuevos delitos en ley de seguridad ciudadana quedarían sin castigo si no se toman medidas.
La posibilidad de que los nuevos delitos que contempla la ley de seguridad ciudadana queden sin castigo llevó al ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, a proponer modificaciones de las normas que permiten la libertad de aquellos que reciban penas inferiores a cuatro años.
En un foro convocado por la Procuraduría, Vargas Lleras dijo: "Debemos avanzar hacia unos parámetros que digan que la pena se cumpla efectivamente, así tenga seis meses de cárcel, pero, por el camino que vamos, todos los delitos se van a convertir en excarcelables".
La norma a la que se refirió el ministro Vargas está contenida en el Código de Procedimiento Penal y permite que, cuando la condena no supere los cuatro años de prisión, un juez se la pueda suspender a quienes no tengan antecedentes penales y no representen un peligro para la sociedad.
Según Vargas, con la entrada en vigencia de la ley de seguridad ciudadana es urgente hacer estas modificaciones, pues, de mantenerse estas normas, las penas mínimas tendrían que ser aumentadas a más de cuatro años.
"Se hace necesario realizar modificaciones de las causales de excarcelación para que conservemos unas penas razonables para estos nuevos delitos, pero que se cumplan", agregó Vargas.
La propuesta del Ministro del Interior causó controversia entre los juristas. Algunos, como el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia Jorge Aníbal Gómez Gallego, consideraron que una reforma en ese sentido representa un retroceso en la política criminal y carcelaria del país.
"Se regresaría a un sistema en donde la regla general es la de castigar y no la de resocializar. Es ponerle rejas a este país y contribuir a la congestión carcelaria", expresó Gallego.
Sin embargo, el ex vicefiscal Francisco José Sintura advirtió que cualquier iniciativa en ese sentido debe ir acompañada de una política criminal.
"En este momento, el juez está más preso de la ley que el propio delincuente. Tanto beneficio y rebaja de penas están llevando a la sociedad a pensar que el delito sí paga", concluyó Sintura.
MININTERIOR PROPONE MODIFICAR CÓDIGOS PARA QUE SE CUMPLAN LAS CONDENAS
Germán Vargas Lleras criticó las normas de excarcelación vigentes.
Las penas que contemplan los nuevos delitos introducidos en la Ley de Seguridad Ciudadana no se harían efectivas si se mantienen las normas de excarcelación vigentes, dijo el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras.
En un foro organizado por la Procuraduría sobre la aplicación de estas normas, Vargas Lleras dijo que la mayoría de los delitos introducidos en la ley contemplan cárcel de cuatro años o menos, penas que en estos momentos cuentan con el beneficio de la excarcelación.
"Se hace necesario hacer modificaciones a las causales de excarcelación para que conservemos unas penas razonables para estos nuevos delitos pero que se cumplan", señaló Vargas Lleras.
Casos como la comercialización de autopartes robadas será castigado con cárcel. La medida, que busca ponerle fin al mercado ilegal de repuestos para evitar el hurto de vehículos, contempla una pena que no supera los cuatro años, destacó el ministro Vargas
También anunció modificaciones a las normas que permiten a reclusos el uso de los brazaletes electrónicos y dijo que los requisitos se van a endurecer.
"A lo largo de todos estos meses se ha evidenciado que el brazalete no viene cumpliendo los beneficios que se esperaban", dijo Vargas.
Según el Ministro, el uso de este artefacto, en principio, fue diseñado para personas de bajos recursos económicos y que no presentaran antecedentes de peligrosidad pero se ha comprobado que sólo personas con poder económico son los únicos que se han beneficiado. "Se encuentra que un alto porcentaje alto de beneficiarios recae es sobre condenados por narcotráfico", agregó.
Las modificaciones al uso del brazalete, dijo Vargas Lleras, serán introducidas en el nuevo Código Penitenciario que se va a presentar a consideración del Congreso.
MININTERIOR CRITICÓ BRAZALETES ELECTRÓNICOS PORQUE PERMITEN CORRUPCIÓN
Cuestionó una de las propuestas bandera de la política carcelaria del anterior gobierno.
El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, dijo que los brazaletes electrónicos no cumplen con el propósito para el que fueron establecidos y han permitido que se presenten hechos de corrupción.
"Cuando uno evalúa quiénes han sido los beneficiarios de esta medida se encuentra que en un porcentaje muy alto el beneficio recae en personas condenas por delitos relacionadas por narcotráfico, lo que es un indicador que en el otorgamiento del mismo el factor económico de la persona beneficiaria resulta clave para identificar quiénes lo reciben y quiénes no", explicó el Ministro.
Vargas Lleras también dijo que la Ley de Seguridad Ciudadana contempla las condiciones para usar esos brazaletes.
"Esta Ley aumenta los requisitos para quienes se quieran beneficiar con el brazalete y advierte que este sistema no se les otorgará a quienes hayan cometido delitos de porte ilegal de armas, tráfico de menores de edad, uso de menores de edad para la comisión de delitos o usurpación de funciones públicas con fines terroristas. Siguen excluidos de este beneficio quienes hayan cometido delitos de genocidio, secuestro, extorsión, tráfico de personas, lavado de activos y tráfico de estupefacientes", aseveró.
MAGISTRADO DE LA CORTE PROPUSO ELIMINAR LA FIGURA DE LAS CONTRALORÍAS
La propuesta fue hecha por Sigifredo Espinosa, el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia.
Espinosa, al intervenir en un foro, propuso que la figura de las contralorías se reemplace por una figura que se llame corte de cuentas.
Este nuevo organismo sería de carácter judicial, como cualquier tribunal, y estaría integrado por técnicos y jueces especializados en materias contables y financieras.
También dijo que los miembros de este tribunal serían rotados cada cuatro años, como se hace en las contralorías.
El magistrado aclaró que esta propuesta la hace a nivel personal porque considera que la corte de cuentas permitiría agilizar las investigaciones en casos de corrupción. El beneficio sería que se contaría con una jurisprudencia permanente en el tema de control fiscal.
Espinosa hizo estas declaraciones en el marco del foro 'Balance del control fiscal colombiano', que fue organizado por la Contraloría General de la República y que se realiza en el Hotel Tequendama.
EDITORIAL: CÁRCELES, EN EMERGENCIA
El resucitado Ministerio de Justicia debe liderar una rápida transición hacia un nuevo instituto.
No ha terminado de establecerse en forma el renacido Ministerio de Justicia cuando ya su titular, Juan Carlos Esguerra, enfrenta su primera crisis: el caótico estado de las prisiones en el país.
Recientes informes periodísticos han confirmado el profundo nivel de corrupción administrativa y la degradación institucional del sistema carcelario. A los problemas de hacinamiento se añaden graves denuncias contra funcionarios del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec). Por acción, omisión y hasta complicidad, miembros de la guardia y directivos están envueltos en esquemas de extorsión, falsificación de beneficios, tráfico de droga, facilitación de fugas y acceso a objetos prohibidos.
Como se afirmaba hace poco en este mismo espacio, los centros de reclusión son una de las áreas indómitas del Estado. Sus problemáticas van desde la sobrepoblación hasta el flagrante comportamiento criminal de los guardianes. El sobrecupo es imparable: por cada prisionero que sale, cuatro entran. De acuerdo con estimaciones oficiales, el año entrante se podría romper la barrera de los 100.000.
Junto al hacinamiento, que atenta contra los derechos de los detenidos, se encuentran las actividades delictivas de presos y de personal del Inpec. Los detalles de estas operaciones son escandalosos y desvirtúan cualquier aspiración de resocialización. Todo lo contrario: hoy en día los establecimientos carcelarios colombianos son sucursales adicionales de la criminalidad común, organizada, narco y guerrillera.
El propio director del organismo, el general Gustavo Ricaurte, denunció que en los últimos 6 meses relevó a 81 funcionarios de las direcciones de muchas de las 144 cárceles. La jefe de uno de los penales ofreció, presuntamente, un trato preferencial a reclusos a cambio de favores sexuales.
La existencia de 37 sindicatos en el Inpec ha degenerado en la más descarada impunidad de sus integrantes, a pesar de las más de 8.800 investigaciones disciplinarias. Hay como mínimo dos guardianes con condenas de la justicia que siguen activos porque gozan del fuero sindical. Es inaceptable que en toda Colombia no exista un juez que levante la protección laboral de convictos que están en el otro lado de los barrotes.
En días recientes, los anuncios del Gobierno, encabezados por el ministro Esguerra, apuntan a la eventual conformación de una remozada entidad adscrita a la Policía Nacional.
No obstante, la cartera del Interior viene hablando de la liquidación del Inpec al menos desde principios de este año. Lo mínimo que genera esta lentitud en la reestructuración son los peores incentivos para la corrupción y el desmadre del personal.
El resucitado Ministerio de Justicia debe liderar una rápida transición hacia un nuevo instituto. El esfuerzo del diseño organizacional tiene que concentrarse en echar por la borda los lastres sindicales, disciplinarios y delictivos que acabaron con la entidad. Una celeridad similar debe experimentar el trámite de la reforma del Código Penitenciario en el Congreso. Sin un marco para la administración de las cárceles, los sistemas de reducción de penas y los esquemas de permisos y beneficios, el organismo que surja no tardará en corromperse como su antecesor.
Estos cambios estructurales necesitan acompañarse de medidas drásticas e inmediatas que cautericen los casos de corrupción e indisciplina que tienen a las prisiones colombianas convertidas en territorio mafioso.
CURA DE LA LLAGA DE LA SALUD
Abdón Espinosa Valderrama
Si la reforma anunciada se realiza, los médicos y no los burócratas dictaminarían y autorizarían los tratamientos indispensables para la recuperación y rehabilitación del enfermo.
Nada autorizaría a demorar la reforma a la salud.
Mucho ruido han producido las declaraciones del Jefe del Estado sobre los preparativos de una reforma sustancial del sistema de salud, en severa crisis. La sola enunciación de sus fundamentos y fines da la medida de su vasta importancia. De acuerdo con sus anuncios, en tres principios habrá de basarse: "la salud es un derecho, la salud no es un negocio y el aseguramiento de la población es responsabilidad del Estado".
Aparentemente, ninguna novedad en cuanto se ciñe a los preceptos de la Constitución Política, pero revolucionario en la práctica por la reivindicación de normas desconocidas y contrariadas en hechos desordenados y arbitrarios. Ni los ciudadanos ni los funcionarios suelen tener el cuidado de consultar los preceptos constitucionales que nos rigen, sea para hacer valer sus derechos, sea para honrarlos y respetarlos.
Lo cierto es que el endemoniado engranaje de la salud acabó operando como rueda suelta, expandiéndose al capricho de sus gestores y siguiendo derroteros a contrapelo de las concepciones plasmadas en la ley de leyes.
En efecto, en ella se prescribe que la Seguridad Social es un servicio público, de carácter obligatorio, que se prestará, incluso por entidades privadas, bajo la dirección y control del Estado. A todos los habitantes se les garantiza este derecho irrenunciable.
Igualmente, se dispone que la atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado y a todas las personas se les reconoce y garantiza el acceso a la promoción, protección y recuperación de la salud, con fundamento en principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.
El vertiginoso dinamismo del sistema, privatizado en su mayor parte, condujo a subordinar el servicio al negocio, o sea el lucro. Como botón de muestra (o botín) se encuentra la liberación del precio de los medicamentos que habría de incidir fuertemente sobre los costos.
La utilidad pública y social se subordinó al provecho pecuniario de las organizaciones respectivas y de las llamadas EPS, al amparo de las cuales habrían de florecer la integración vertical y la formación de poderosos grupos económicos, mientras los hospitales públicos languidecían por marginación e incumplimiento en el pago de sus servicios. En este caso, el interés general ha cedido al interés particular o de los particulares.
El incentivo del lucro (que ahora se propone para la educación superior y que en Chile suscita estrepitosas protestas de la juventud) acabó invadiendo al conjunto del sistema de salud, deteriorando su calidad, desviando sus recursos, volviendo pleito la prestación de determinados servicios y corrompiendo su manejo.
Fuera de que a los pacientes se les somete a largas esperas, como si fueran vagos y les sobrara tiempo para aguardar el turno esquivo, a veces inútilmente por no figurar su enfermedad en listas mezquinas.
En lo futuro, si la reforma anunciada se realiza, serían los médicos y no los burócratas quienes dictaminaran y autorizaran los tratamientos indispensables para la recuperación y rehabilitación del enfermo.
A favor del actual sistema de salud, se aduce la extensión de su cobertura. Pero son tantas sus deficiencias, tantos sus extravíos, tantas sus exclusiones que se impone una enmienda a fondo, de estructura y de criterios, como la que prepara el Gobierno con el concurso de los injustamente maltratados galenos, según lo ha revelado el presidente Juan Manuel Santos.
Como en todo, habrá que cuantificar los costos, precaución que se ha perdido en medio de la danza de los millones y los billones. Pero nada autorizaría a demorar la reforma, dada la explosión de ilícitos e irregularidades, de distorsiones e insatisfacciones.
EL ESPECTADOR
EL INPEC, AL BANQUILLO OTRA VEZ
Por fin, años después de saberse con plena certeza sobre la corrupción desmesurada del Inpec, alguien decide hacer algo.
Así pasó, luego de que la revista Semana publicara un largo informe en el que denuncia las múltiples y sistemáticas violaciones que ocurren dentro de las cárceles. No se trata solamente de las que día a día denuncian los presos a través de millones de tutelas acumuladas: falta de agua, hacinamiento, golpizas, abusos de la guardia, etcétera; están también las que caricaturizan a la autoridad, como los internos falsificando la firma de los directivos para obtener traslados o moviendo a dedo las fichas de la delincuencia desde la comodidad de su celda. Es un caos de parte y parte.
El actual director del Inpec, general Gustavo Ricaurte, ha manifestado abiertamente las cosas que ya conocíamos desde hace mucho: la corrupción, la venta de cupos, la tenencia de objetos ilegales, la complicidad de la guardia que, en conjunto con muchas otras, hicieron colapsar el sistema disciplinario llevando el caso de 8.882 (entre 10.800) funcionarios investigados. La solución que plantea Ricaurte es liquidar el Inpec y transformarlo en una entidad adscrita al Ministerio de Defensa, bajo el mando directo de la Policía Nacional.
Está bien pensar en una solución. La situación actual del Inpec es insostenible. Debe lidiar con todo: desde pequeños detalles, como el ingreso de celulares y entradas clandestinas, hasta grandes errores, como directores de establecimientos desnudándose para la diversión y entretenimiento de los reclusos. Debe saber sobrellevar las prerrogativas que, de facto, se adjudican parapolíticos y paramilitares condenados. No puede más, ya reventó por dentro y está muriendo a fuego lento. Pero, ¿la solución adecuada será crear un nuevo instituto, como si se tratara de “borrón y cuenta nueva”?
No parece muy acertado trasladar la administración de los centros penitenciarios a quienes ya tienen la obligación de perseguir a los delincuentes. Suena como una salida fácil, pero ineficiente, de dudoso éxito y que despierta muchos problemas. Si de algo han servido estos escándalos del Instituto es para saber que la guardia debe cumplir con elementos básicos de entrenamiento enunciados en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, que son obligatorias en Colombia. ¿Para qué dejarlos entonces en manos de la Policía? Los empleados miembros de un centro penitenciario deben apelar a la disciplina y el orden, sí, pero teniendo en cuenta que el fin último de la pena es la resocialización —no en vano el personal debe destacarse por ser especialista en otras áreas más allá de la seguridad—.
Además, con la reestructuración del Instituto, ¿qué pasará con todo el personal que actualmente trabaja allí? ¿Nuevos contratos con nueva gente? ¿A qué horas se entrenará a 10.000 funcionarios distintos a los que existen hoy? Ya lo hemos mencionado en este espacio: lo de las cárceles no sólo es un problema logístico, sino también de enfoque. De saber qué directrices se cumplen en el escenario punitivo y penitenciario en Colombia, y cuáles hay que empezar a aplicar. Como primera medida, si no se destituye a los dirigentes corruptos y no se da un entrenamiento constante a la guardia de acuerdo con lo que el derecho internacional obliga, es muy difícil que se eliminen los problema estructurales con un simple cambio de administración. En segundo lugar, y ahora que el Inpec pasará a control político en el Congreso, habrá que responder a conciencia las muy pertinentes preguntas del senador Juan Manuel Galán: ¿Comparte el Gobierno este diagnóstico? ¿Por qué insiste en el aumento de penas privativas de la libertad? ¿Cómo es que se dice que las bandas criminales se han desarticulado? Y ¿qué acciones se toman contra la corrupción?
Es perfecto el escenario, puede ser el inicio de la gran reforma a una situación que la Corte Constitucional y miembros de la sociedad civil vienen denunciando hace más de una década.
PAILAS, EL PUEBLO DESPLAZADO POR LAS BACRIM
Tras el asedio guerrillero y paramilitar, Córdoba es ahora epicentro de la violencia de las bandas criminales. Van 316 crímenes este año.
Berta Rosa Padilla Ortiz se quedó sola en Pailas, Córdoba, la vereda donde asesinaron a seis campesinos el pasado domingo 7 de agosto, mientras el país celebraba la Batalla de Boyacá. A sus 70 años ya nada la asusta. Hace cuatro que las autodefensas la hicieron desplazar a ella y a sus ocho hijos de Batata (sur de Tierralta) al municipio de Planeta Rica, y de ahí paró en Pailas, con tan mala suerte que ahora las bandas criminales sembraron el terror e hicieron salir al único hijo que vivía con ella, a sus nietos y vecinos.
Ella ya no llora, no demuestra miedo. Ha vivido en un territorio donde los hechos violentos resultan cíclicos. Primero fueron las Farc, luego las autodefensas y ahora las bacrim ‘Los Urabeños’ y ‘Los Paisas’. En su casa, ese domingo, escuchó a lo lejos las ráfagas de fusil. “Ajá, mataron a los pelaos. Duele, mataron a esos pelaos”, repite con voz calmada mientras se acomoda sus escasos cabellos y se agarra su trajinada falda.
El domingo 7 de agosto tres sujetos, escondiendo sus armas entre ponchos y toallas, llegaron vestidos de civil y se llevaron a José Antonio Wilches Ortiz, de 49 años; Carlos Arturo Ruiz Pérez, de 26; Kevin Javier Hernández Castillo, de 24, y Henry López Coneo, de 25. Los mataron al doblar la esquina, relatan entre asustados y llorosos sus familiares.
La lluvia de sangre había comenzado en Tierralta el día anterior, sábado 6 de agosto, cuando mataron a Miguel Ángel Mangones Conde, Rafael Ricardo Castro Sierra y Jaime Sotelo. “Ocho muertos en menos de 24 horas es algo demasiado grande para un pueblo como este. El presidente Santos tiene que revisar qué está pasando, porque acá hay Ejército y Policía por todos lados y siguen los muertos”, dice el padre Miraldo Camargo, párroco de la población.
Berta Rosa, la campesina de ojos tristes y piel manchada, antes de atormentarse por la soledad, le duele que su hijo y nietos estén viviendo apretujados en el colegio Junín, del casco urbano de Tierralta, por culpa, una vez más, de la violencia.
En la institución educativa las sillas fueron apiladas en un rincón de los salones de clase y en el espacio libre colgaron hamacas. Los niños lloran, los hombres y las mujeres se pasean de un lado a otro preocupados porque la comida no alcanza. “Nosotros vamos a regresar hasta que nos garanticen la seguridad”, dice Nedis Rasero Miranda. Su mirada adusta refleja la profunda inconformidad con el Estado y hasta con la sociedad en general, a la que le reclama solidaridad.
El alcalde de Tierralta, Aníbal Ortiz Naranjo, sabe que la situación es grave y pide ayuda humanitaria. “Es que sumado a la gente que está en el colegio Junín, tengo la invasión más grande de Suramérica en mi municipio, se llama 9 de Agosto y en ella viven 4 mil personas”. Desde el año pasado al sector han ido llegando todos los desplazados de Tierralta y territorios vecinos. Hay paisas y costeños revueltos viviendo las mismas necesidades, la misma incertidumbre por la violencia que los hizo salir y por la pobreza que los rodea. En el barrio también están los familiares de los presos recluidos en la cárcel de Urrá, prisión que fue montada para los paramilitares, pero que terminó ocupada por reclusos de todo tipo, incluyendo algunos de alta peligrosidad.
El alcalde asegura que no aguanta un hecho violento más, un desplazamiento más ni un delincuente más en su territorio. Los ‘reencauchados’ del paramilitarismo que quedaron ‘sueltos de madrina’, como popularmente lo comenta la población, transitan por rutas estratégicas vestidos de camuflado. ‘Los Urabeños’ y ‘Los Paisas’, las bandas criminales que tienen azotado al departamento de Córdoba, han dejado más de 1.400 muertos desde 2008. Tierralta, por su posición estratégica en el Parque Paramillo, donde hay sembradas vastas extensiones de coca, es territorio apetecido por los violentos.
Las cifras de muertos se desbordaron y mantienen enfurecido al ministro de Defensa, Rodrigo Rivera Salazar, quien duda de la estadística de la gobernadora Marta Sáenz Correa. Ella se ha ratificado en las cifras y le ha pedido al ministro que además de contar los muertos, cuente los desplazados que van en aumento en su territorio. La quinta masacre en Córdoba en lo corrido del año, la sucedida en Pailas, es lo que ha motivado semejante desplazamiento. Por culpa de ella Berta Rosa se quedó sola, a lo lejos sabe que están los de las bacrim, muy cerquita, ya quisiera ella que para siempre, se instalara el Ejército.
EL NUEVO SIGLO
PREPARAN DECRETO DE LEY DE VÍCTIMAS
A mediados del mes de septiembre, el Gobierno nacional espera entregar un primer borrador del decreto reglamentario de la Ley de Víctimas para que se analizado por la Comisión que creó el Congreso para hacerle seguimiento a la reglamentación e implementación de esta norma.
Así lo anunció ayer el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, en la reunión que sostuvo con los seis senadores que en representación de todos los partidos integran esta célula congresional. El funcionario explicó que después de que este borrador del documento sea analizado por la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas, será presentado el decreto reglamentario hacia mediados de noviembre, obedeciendo los plazos de la ley.
Por su parte, el director de Acción Social, Diego Molano, dijo que el Gobierno se ha concentrado en los que considera aspectos fundamentales, en cuanto a la integración de estrategias que permitan dar viabilidad a la Ley de víctimas, entre ellos el Sistema nacional de atención y reparación; Registro único de víctimas; Medidas de asistencia; Divulgación; Rehabilitación colectiva; Restitución de tierras; Satisfacción y participación; Prevención e Indemnización administrativa.
Respecto a la atención de las víctimas, el Ministro del Interior señaló que será su cartera la que asuma los esquemas de seguridad para quienes estén bajo amenaza por buscar la restitución de sus predios.
“La protección de víctimas de restitución de tierras será asumida por una agencia que el Ministerio del Interior ponga en marcha, una vez se expida el decreto. Este esquema será el complemento de la estrategia que pondrá en marcha el Ministerio de Defensa, que está diseñando con el Ministerio de Agricultura, para poder copar aquellas zonas del territorio nacional donde se vaya avanzando en la entrega de tierras”, explicó Vargas Lleras.
NUEVO ROUND DEL ARANCEL JUDICIAL ANTE C. CONSTITUCIONAL
Tribunal ya había descartado que la norma violara derecho de acceso a la justicia. Hoy estudiará si debió tramitarse como una ley estatutaria.
A PESAR de que la Corte Constitucional ya había declarado exequible la ley que establece un gravamen judicial, en el entendido que no viola el derecho de acceso a la justicia por cobrar una tarifa en algunos procesos, hoy deberá examinar nuevos argumentos planteados en otra demanda en su contra.
En esta oportunidad, la demanda argumenta que la norma que establece la contribución parafiscal en procesos ejecutivos civiles, comerciales y contenciosos administrativos, al haber sido tramitada como una ley ordinaria, debiendo haberlo sido como una estatutaria, vulnera los artículos 152 y 153 de la Constitución. De manera subsidiaria, solicita que se declare inexequible el artículo12, al facultar al Consejo Superior de la Judicatura para administrar, gestionar y recaudar el arancel. El demandante aduce que vulnera el principio de separación de los poderes públicos, reconocido en el artículo 113 Superior, pues la competencia para administrar y recaudar dicho arancel es exclusiva del Ejecutivo y no puede ser asumida por un órgano que sólo cumple funciones judiciales, como es el caso de dicho Consejo.
Sin embargo, en concepto rendido el pasado 30 de marzo, el procurador Alejandro Ordóñez le pide a la Sala Plena de la Corte Constitucional que declare la norma exequible.
En el aspecto de la reserva de ley estatutaria, el jefe del Ministerio Público expone que “es menester indicar que este principio, como lo precisa la Corte (Constitucional) en múltiples providencias, debe interpretarse de manera restrictiva”. Al respecto, Ordóñez citó una sentencia del 2008, donde la Corte dictaminó que “La regulación del arancel judicial no es materia sometida a reserva de ley estatuaria, en la medida en que su contenido no se refiere a la estructura orgánica esencial de la administración de justicia”.
Frente al cargo esgrimido respecto del artículo 12 demandado, el órgano de control advierte que la vulneración del principio de separación del poder que se aduce en la demanda, obedece a una visión simplificada e incompleta tanto del artículo 189-20 Superior como de las funciones del Consejo Superior de la Judicatura. “De la circunstancia de que el artículo 189-20 asigne al Presidente de la República la función de “Velar por la estricta recaudación y administración de las rentas y caudales públicos y decretar su inversión de acuerdo con las leyes”, no se sigue que el legislador esté impedido para asignar facultades de recaudo y administración de los recursos parafiscales a órganos o dependencias diferentes al Presidente, aunque ellos cumplan funciones administrativas y se ejerza sobre ese recaudo y administración un adecuado control. Por esta vía tanto el manejo de contribuciones parafiscales como su propia existencia serían imposibles. De la circunstancia de que el Consejo Superior de la Judicatura haga parte de la Rama Judicial, no se sigue que todas sus funciones sean exclusivamente judiciales.
(…) Por lo anterior, no se observa que sea contrario a la Carta el que la ley faculte al Consejo Superior de la Judicatura para recaudar, gestionar y administrar el arancel judicial, máxime cuando éste está destinado a solucionar problemas propios de la administración de justicia”.
La Ley 1394 del 2010, o arancel judicial, establece que dicho gravamen se genera en todos los procesos ejecutivos civiles, comerciales y contencioso administrativos cuando el monto de las pretensiones se haya estimado en una cifra igual o superior a 200 salarios mínimos legales mensuales y en los siguientes casos:
a) Por el cumplimiento de lo acordado por las partes en una transacción o conciliación que termine de manera anticipada un proceso ejecutivo.
b) Por el cumplimiento de una condena impuesta en un laudo arbitral en caso de reconocimiento o refrendación.
c) Por el cumplimiento de obligaciones reclamadas en un proceso ejecutivo de cualquier naturaleza